Motos eléctricas: entre la movilidad sostenible y nuevas exigencias

En los últimos meses se ha multiplicado la presencia de motos eléctricas en las calles de Santa Marta, y con ese crecimiento llegó un debate que va más allá del precio del vehículo: hablamos de costos, regulación y control ciudadano tras la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025. La discusión se concentra en cómo equilibrar la movilidad sostenible con la seguridad vial y la implementación de normas que antes no existían para este tipo de vehículos. Qué implica la Ley 2486 de 2025 La Ley 2486 de 2025 marca un punto de inflexión porque pone nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para los propietarios y fabricantes de motos eléctricas. Aunque la norma ya está vigente, su aplicación práctica en la ciudad plantea dudas sobre trámites, requisitos técnicos y plazos de adaptación tanto para usuarios como para comerciantes. Entre los cambios más visibles están disposiciones orientadas a la seguridad y al registro de estos vehículos, además de la exigencia de cumplir con estándares técnicos que hasta ahora eran dispares entre modelos importados y los que se ensamblan localmente. La armonización de esos estándares será clave para evitar que motos sin las condiciones mínimas circulen por las vías. Costos y beneficios para el bolsillo En materia económica, las motos eléctricas ofrecen un ahorro en combustible y mantenimiento frente a las de motor térmico, pero también introducen gastos nuevos como la sustitución de baterías y la instalación de puntos de carga. P