Procuraduría advierte posibles faltas disciplinarias por crisis del ferry en Salamina (Magdalena): más de 60.000 personas las afectadas

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas por posibles faltas disciplinarias relacionadas con la suspensión del servicio de ferry en Salamina, Magdalena, una decisión que ha tenido consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de familias. Nuestro equipo periodístico constató que la medida preventiva, adoptada desde agosto de 2025, ha dejado varadas rutas y servicios fundamentales para la región. Impacto social y económico La detención de la operación del ferry ha afectado de manera sostenida a las comunidades ribereñas y a quienes transitan entre municipios del departamento. Expertos y autoridades locales calculan que son más de 60.000 personas las que dependen de esta conexión para movilizarse, acceder a servicios de salud y garantizar el abastecimiento de alimentos en localidades como Salamina, Pivijay y El Piñón. El Ferry no está operando en Salamina. La decisión de paralizar el servicio obedeció a la falta de permisos ambientales, y en la práctica dejó sin alternativa de transporte a habitantes y comerciantes que usan el cauce del río Magdalena como vía esencial. Esa situación elevó los costos logísticos y generó retrasos en atención médica y distribución de víveres, según reportes locales recopilados por El Pantano. Hallazgos de la Procuraduría En un informe preventivo con fines disciplinarios, la Procuraduría identificó presuntas omisiones y una aparente falta de diligencia por parte de la autoridad ambiental regional, Corpamag, en el manej